El contexto
El Gobierno incorporó en el acuerdo de reajuste salarial del sector público una cláusula polémica que limita la posibilidad de no renovar contratos a funcionarios a contrata. Esta medida ha generado críticas y se le ha atribuido políticamente la intención de “amarrar” funcionarios antes del cambio de Gobierno en marzo de 2026.
¿De qué se trata la norma?
La disposición establece que:
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No renovación de funcionarios a contrata solo podrá ocurrir mediante un acto administrativo fundado, con criterios objetivos y verificables.
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Los funcionarios con dos años continuos de servicio podrán reclamar ante la Contraloría por posibles “vicios de legalidad”.
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Se regula con más detalle la contratación, término de labores, remuneraciones y transparencia para el personal que asesora directamente a altas autoridades.
Esta modificación se discute en paralelo con el reajuste salarial, pero ha sido el foco de la polémica.
¿Cuántas personas se verían afectadas?
Según proyecciones combinando datos de Dipres y de fiscalizaciones municipales:
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Alrededor de 380.000 funcionarios públicos a contrata podrían verse implicados en esta norma si se generaliza el cálculo a todo el sector.
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De ellos, más de 200.000 tendrían dos o más años de antigüedad, lo que los habilitaría a ampararse en la nueva regulación si no se les renueva el contrato.
Críticas y reacciones
Desde la oposición
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Parlamentarios y dirigentes opositores han calificado la medida como una maniobra para “blindar” cargos y funcionarios que podrían favorecer políticamente al actual Gobierno.
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Se ha dicho que eso implicaría un intento de inmovilizar la gestión del próximo Gobierno, que asumirá con José Antonio Kast en marzo de 2026.
“Respuesta” del Gobierno entrante
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El Presidente Electo, José Antonio Kast, ha señalado que “si alguien quiere amarrarse a un cargo que se cuide”, en referencia a que no aceptará dificultades para realizar cambios de personal de su administración.
¿Qué críticas técnicas hay?
Expertos y organizaciones han señalado que:
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La forma en que se pretende restablecer el criterio de “confianza legítima” podría generar conflictos legales entre la Contraloría y el Poder Judicial, dejando abierta una disputa sobre qué procede en casos concretos.
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Algunos analistas argumentan que más que ajustes puntuales, se necesitan reformas estructurales al Estatuto Administrativo para modernizar la función pública y evitar incertidumbre jurídica.
¿Por qué esto importa?
Este debate no solo tiene implicaciones sobre:
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Estabilidad laboral de miles de funcionarios,
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Transición entre administraciones,
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Capacidad del nuevo Gobierno para reorganizar estructuras públicas,
sino que también abre una discusión sobre el equilibrio entre eficiencia del Estado y derechos laborales en la administración pública chilena.
