¿Qué ocurre?
El debate sobre los llamados “guetos verticales” de Estación Central vuelve a instalarse con fuerza, luego de recordarse un antecedente clave: un informe vinculante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de 2007 que establecía que este tipo de edificaciones eran contrarias a derecho.
Se trata del Informe N° 549, del 10 de julio de 2007, emitido por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, documento que señalaba expresamente que los edificios de agrupamiento continuo levantados en zonas sin Plan Regulador Comunal (PRC) no podían autorizarse legalmente.
Un criterio confirmado por Contraloría y la Corte Suprema
El contenido de dicho informe no quedó solo en una interpretación administrativa. Con el paso de los años, su criterio fue ratificado tanto por la Contraloría General de la República como por la Corte Suprema, confirmando que los permisos otorgados posteriormente para este tipo de proyectos vulneraban la normativa urbanística vigente.
Pese a ello, en la comuna de Estación Central se levantaron cerca de 100 edificios de alta densidad, ampliamente conocidos como guetos verticales, que hoy concentran críticas por su impacto urbano, social y en la calidad de vida.
Un quiebre en la práctica municipal
Durante la administración del alcalde Gustavo Hasbún (2000–2008), el entonces director de Obras Municipales (DOM), Marco Antonio Vidal, respetó el informe del Minvu y no otorgó permisos para este tipo de construcciones.
La situación cambió a partir de 2013, cuando, bajo la alcaldía de Rodrigo Delgado (2008–2020), otros directores de Obras Municipales comenzaron a emitir permisos de edificación y recepciones finales, pese a la existencia del informe de 2007 y los pronunciamientos posteriores de los órganos fiscalizadores.
Querella por prevaricación administrativa
Hace cinco años, el arquitecto y urbanista Patricio Herman, junto a los arquitectos Miguel Lawner, Jonás Figueroa y Miguel Prieto, el ingeniero civil Antonio García y el dirigente vecinal Alejandro Verdugo, presentó una querella criminal por prevaricación administrativa ante el 7° Juzgado de Garantía.
La acción judicial fue dirigida contra todos los funcionarios municipales que participaron en la autorización y recepción de estos edificios, acusándolos de actuar a sabiendas contra la normativa vigente.
Hasta la fecha, y según señalan los denunciantes, no se conocen públicamente los resultados de las investigaciones del Ministerio Público, situación que sigue generando cuestionamientos sobre la responsabilidad administrativa y penal en uno de los casos urbanísticos más controversiales de las últimas décadas en Santiago.
Un problema que sigue abierto
El caso de los guetos verticales no solo plantea un desafío urbano y social, sino también institucional, al evidenciar cómo informes técnicos vinculantes, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales pueden ser ignorados durante años.
Hoy, el debate vuelve a la agenda pública, reabriendo preguntas clave: quién autorizó, bajo qué criterio y con qué consecuencias, en un problema que sigue sin una solución definitiva para miles de vecinos de Estación Central.
